Fraude de ley
La democracia es el imperio de la ley que, como ha escrito Javier Cremades, es “un concepto esencial en la relación entre el individuo y el poder público”. Si los que gobiernan se pasan la legalidad por el forro de sus intereses personales o partidistas, su legitimación se diluye o desaparece. Todos debemos respetar el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero más que nadie, quienes ostentan el poder político en representación de la ciudadanía.
Que el Gobierno catalán proponga crear un fondo de 10 millones de euros para avalar las multas de 5,4 millones impuestas por el Tribunal de Cuentas a los 34 políticos independentistas condenados por malversación de fondos públicos para la promoción exterior del proceso de independencia catalán, además de un artificio financiero, es un fraude de ley porque se usaría dinero público, de los impuestos de todos los catalanes, independentistas o no, lo que constituiría una nueva malversación y porque, además, dejaría casi cinco millones en previsión de futuras -y previsibles- multas por actos ilegales.