La última denuncia de este tipo fue presentada en 2015 por los entonces ministros Héctor Timerman y Julio De Vido contra las firmas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited, Noble Energy Inc y Edison International SpA , que llevaban adelante tareas de exploración y explotación con consentimiento del Reino Unido pero sin autorización argentina. A esas empresas se las declaró clandestinas y se procedió a inhabilitarlas por el término de 20 años para desarrollar actividades en nuestro país.
La ley 26659 -aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2011- prohíbe “desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación” y castiga con penas de entre 5 y 15 años de prisión, multas de hasta un millón quinientos mil barriles de petróleo e inhabilitación especial de hasta 30 años a quienes exploren o extraigan hidrocarburos del subsuelo marino argentino sin