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La causa de los contratos truchos en la Legislatura que, según la imputación fiscal, a través de una organización criminal “se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado”, y que en el período 2008 a 2018 produjo un perjuicio $ 4.961.988.609, está estancada.
El brete se produjo tras la resolución que adoptó el 16 de junio último el juez Federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, que introdujo una cuestión de competencia en la causa contratos: le pidió a la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, las actuaciones tras la resolución del 9 del último mes que declaró la competencia de la Justicia Federal en esa investigación. La magistrada, de momento, no se ha expedido sobre esa petición, y entonces el caso quedó entre paréntesis.
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