Esta obra tiene un contrato de concesión por 35 años, contados desde su firma el pasado 28 de abril de 2014 y representa una inversión de US$ 4,530 millones, sin incluir el IGV. Carlos Ugaz Montero, consultor especializado en Proyectos de Infraestructura y ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, señala que el Ciadi ha emitido una resolución preliminar que no ha sido del todo favorable para el Estado peruano. No se trata de un laudo arbitral. “En este arbitraje se deben distinguir claramente dos etapas: la primera entre el 2014 y el 2016, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, y la segunda desde mediados del 2017 en adelante. Casi todos los incumplimientos del Estado corresponden a la primera etapa del proyecto. En ese periodo el Estado tuvo las demoras en la entrega de las Áreas de la Concesión por las que hoy nos están sancionando, y donde surgieron las principales discrepancias en los temas técnicos”, señaló.