El Seguro de Salud debería garantizar el acceso universal a las transfusiones de sangre segura, eliminando el riesgo a que somete a miles de personas enfermas que necesitan de hemoterapia y cuya cobertura no se la garantiza la Seguridad Social, transfiriendo a los familiares de las personas enfermas, la responsabilidad de proveer la sangre que sus pacientes necesitan.
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Son lapidarias las conclusiones del informe de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en cuanto a la gestión de plaguicidas. El reporte deja en evidencia las deficiencias que arrastra esta entidad pública, que aprobó plaguicidas altamente peligrosos que en Europa ya salieron del registro. Contraloría reprocha también a SAG autorizar el uso de plaguicidas con base sólo en los documentos de las empresas productoras de los agrotóxicos; no incorporar criterios sobre impactos en la salud ni el efecto crónico de los agrotóxicos; y contar con cero participación de otros organismos competentes como los Ministerios de Salud y Ambiente y nulo acceso a la información que permita la participación ciudadana en el proceso de registro.