La Xunta autorizará a entidades externas para que puedan tramitar estudios de impacto ambiental de planes y proyectos. Estas firmas podrán ser contratadas por las empresas promotoras de las iniciativas –por ejemplo, un parque eólico, una instalación industrial o cualquier otra actividad que pueda tener impacto sobre el medio ambiente– para que comprueben la documentación que tienen que presentar e incluso se hagan cargo de tramitarla ante la Administración. Esto permitirá reducir burocracia y acortar a 1 mes los plazos, que ahora se sitúan en los 5 meses. Pero además estas entidades podrán prestar también asistencia técnica a la Xunta en la redacción de los informes ambientales e incluso asumir labores de inspección para garantizar que el proyecto autorizado cumple con los parámetros comprometidos.