Editorial DN07/07/2021
El gobierno de la
Generalitat aprobó este martes un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos que tendría como principal objetivo “proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo”. Con él pretende hacer frente a las fianzas requeridas a distintos responsables públicos que habrían malversado caudales públicos al servicio del procés mediante contraavales que cubrirían adelantos efectuados por una entidad financiera, inicialmente bajo la gestión del Instituto Catalán de Finanzas.
La consejera de Presidencia,
Laura Vilagrá, apeló a la garantía de indemnidad como fundamento legal para adoptar tal medida. Se trata de una interpretación forzada hasta el absurdo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, asimilando a ella la conducta de cargos políticos y empleados públicos que hubiesen podido incurrir en irregularidades deliberadas en pos de una república catalana independiente como si ahora se encontraran represaliados por el ‘Estado empleador’, que el gobierno de la Generalitat debería asirse a algún otro argumento para defender la entereza jurídica del decreto ley.